Barahona, R.D. – La directiva de la filial Barahona del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), encabezada por su secretario general, el licenciado Paul Meguis, anunció que este martes presentará formalmente una querella con constitución en actor civil contra el comunicador Rafael Pineda hijo, a quien acusan de difamar e injuriar a la organización y su directiva.
La acción judicial se origina tras la publicación de una serie de declaraciones emitidas por Pineda hijo en su cuenta de Facebook, las cuales fueron replicadas por algunos medios digitales. En ellas, el comunicador acusa al actual secretario general y a la directiva de incurrir en supuestas irregularidades durante su gestión, incluyendo el ingreso de personas con antecedentes cuestionables como miembros del sindicato, en violación a sus estatutos internos.
Según Meguis, dichas acusaciones carecen de fundamento y deberán ser probadas por Pineda ante los tribunales. "Es responsabilidad del señor Pineda demostrar ante la justicia cada una de sus afirmaciones", sostuvo.
Pineda también cuestionó la legalidad de los ingresos recientes al gremio, alegando que no se convocó a ninguna asamblea para ello. No obstante, la directiva aseguró que durante el período 2023-2025 no se ha aprobado el ingreso de ningún nuevo miembro, por lo que consideran infundadas sus declaraciones.
Otro de los puntos señalados por Pineda fue la presunta falta de transparencia en la remodelación de la Casa Club del periodista en Villa Central, sobre la cual aseguró desconocer detalles como el costo, materiales utilizados y destino de artículos sanitarios retirados del lugar. La directiva respondió que los objetos desechados eran inservibles y que cualquier duda al respecto pudo haber sido resuelta si el comunicador se hubiese acercado a inspeccionar personalmente los trabajos, algo que —afirman— nunca hizo.
El comunicado del SNTP aclara además que ni la directiva del sindicato ni la del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) manejan recursos del Estado ni tienen la obligación de rendir cuentas sobre obras asignadas oficialmente. La responsabilidad recae en el ingeniero encargado y en el funcionario designado por la Presidencia, el licenciado Farías.
"Los miembros del sindicato tienen derecho a exigir cuentas, pero hay vías institucionales para hacerlo. Utilizar los medios para lanzar acusaciones sin pruebas denota una clara intención de dañar la imagen y honorabilidad de personas comprometidas con el gremio", expresó Meguis.
Finalmente, advirtieron que esta acción legal busca sentar un precedente sobre la importancia de la veracidad y el uso responsable de los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de denuncias públicas que afectan la reputación de terceros.
La audiencia de conocimiento de la querella está prevista para los próximos días en la fiscalía del distrito judicial de Barahona.
